Los recientes cambios a leyes tanto federales como locales contemplan que el desarrollo de programas anticorrupción, de cumplimiento normativo y buenas prácticas (compliance) son una parte fundamental para prevenir riesgos (legales, administrativos, reputacionales, financieros, etcétera), además de en su caso, ser atenuante para la imposición de penas y/o sanciones.

Adicionalmente los programas anticorrupción y de compliance correctamente implementados permiten contar con diversos beneficios adicionales tanto en materia operativa, de capital humano como financiera y tributaria, lo que optimiza la rentabilidad de las empresas.